La educación es un derecho fundamental tutelado por nuestro sistema jurídico, “... es un bien básico indispensable para la formación de autonomía personal y, por ende, para ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad [y la culminación de un proyecto de vida en beneficio propio y de los demás], de ahí su carácter de derecho humano” 1. Y en tanto bien básico para toda persona, la educación debe protegerse, aún en situaciones de crisis. El derecho a la educación es un elemento integrante de la asistencia y las respuestas humanitarias en contextos de emergencia. Este derecho proporciona los sentidos de normalidad, estabilidad, estructura y esperanza para el futuro, necesarios especialmente en momentos de crisis.
A la vez, mitiga el impacto psicosocial de los conflictos y desastres, tanto en los instantes inmediatos de respuesta a las emergencias, como en los posteriores de recuperación a estas. El término psicosocial alude a la estrecha relación entre el aspecto individual y colectivo de toda entidad social; en situaciones críticas, el apoyo psicosocial puede adaptarse a fin de atender a las necesidades emocionales y físicas de la población, ayudándoles a aceptar, asumir y superar la situación.
En la educación en contextos de emergencia, es preciso que los colectivos escolares comprendan la necesidad de niñas, niños y adolescentes (NNA) de contar con un ambiente cálido, protector, estructurado y organizado en el cual expresar sus emociones, y entender que la incertidumbre, las angustias y los temores son normales y se comparten con quienes convivimos. Los docentes acompañan y brindan esos ambientes para la gestión de las emociones y también saben cómo recuperar poco a poco el ritmo escolar habitual.
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